Por John Colonio
El presidente de la República, Martín Vizcarra, – seguramente escuchando los consejos de sus asesores, entre ellos el gurú de las comunicaciones Maximiliano Aguiar -, no descartó plantear una cuestión de confianza en caso el Parlamento se niega a aprobar, en los plazos establecidos, los proyectos presentados por el Ejecutivo en torno a la reforma política y la reforma judicial.
A coro, los voceros del gobierno, replicaron el mismo discurso. Así, por ejemplo, el congresista Gino Costa salió a los medios a respaldar el anuncio de Vizcarra hecho a una cadena internacional de televisión.
Sin embargo, lo que olvidaron decirle al jefe de Estado esos asesores golpistas, es que él no tiene la atribución para plantear una cuestión de confianza, sino más bien el primer ministro, es decir César Villanueva.
El artículo 133 de la Constitución Política del Perú establece en su artículo 133 que “el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.
Pero más allá de cuestiones constitucionales, un eventual cierre de Parlamento Nacional, hoy de mayoría naranja, va generando una corriente en su favor, sobre todo de sectores y personajes que condenaron el autogolpe del 5 de abril de 1992.
Sin ningún rubor, congresistas como Yhony Lescano Ancieta se mostraron a favor del cierre del Congreso. Cosa curiosa el legislador fue uno de los más críticos del autogolpe fujimorista en la década de los noventa y en esa misma postura andan personajes de izquierda y hasta increíblemente en algunos hombres de prensa.
Charles Louis de Secondat, señor de la Bréde y barón de Montesquieu, filósofo y jurista, expresó que “la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado”. Es decir, según el brillante intelectual francés, el régimen de Vizcarra empieza a descomponerse si deja de reconocer la legitimidad de un parlamento elegido en un proceso electoral donde nació este mismo gobierno.
Nadie puede negar el desprestigio del actual Congreso, sin embargo, la estrategia simplona de ganar popularidad a costa de devaluarlo no dura mucho. ¿Entenderán eso los asesores de mandatario?
