Martín Belaunde Moreyra
En el mundo occidental, existen dos grandes sistemas para nombrar a los jueces. O son nombrados por el poder político muchas veces mediante una designación conjunta del Ejecutivo y del Legislativo o en su defecto, son designados por órganos especializados en los cuales también interviene el Estado y en algunos países ciertos entes representativos de la sociedad civil. En el Perú hemos tenido ambos sistemas y ahora el nombramiento de los jueces y fiscales emana del desprestigiado CNM.
En los Estados Unidos todos los jueces federales, sean de la Corte Suprema, de las Cortes Regionales de Apelaciones o de las Cortes Unipersonales del Distrito, son designados por el Presidente y confirmados por el Senado. Existe un proceso previo de selección respecto de los méritos y calificaciones del magistrado nombrado por el Presidente pero el gran debate se realiza en el Comité Judicial del Senado. Ahí se examinan públicamente los antecedentes del propuesto, de manera especial para los de la Corte Suprema, su tendencia liberal o conservadora en los temas que interesan más al país. Normalmente se lleva a cabo un gran debate en el cual el magistrado designado es severamente cuestionado no solo con respecto a sus antecedentes profesionales y personales sino también en cuanto a su visión ideológica de la justicia.
Los presidentes republicanos como Trump designan jueces conservadores, mientras los demócratas jueces liberales, siempre y cuando en ambos casos su calidad profesional sea impecable. Los debates para su confirmación en el Comité Judicial del Senado reciben gran publicidad en los medios y se realizan discusiones en las universidades y otros foros sobre el carácter del futuro juez. Eso asegura un mínimo de calidad del propuesto. En los Estados Unidos la Corte Suprema y las cortes inferiores gozan de un gran prestigio y son raros los casos en los que los que un magistrado sea removido o deba renunciar por inconducta funcional.
En el Perú la designación de los jueces conforme a la Constitución de 1933 emanaba del Poder Ejecutivo parajueces civiles, penales y vocales (ahora jueces) de las Cortes Superiores. Los vocales – hoy también jueces – de la Corte Suprema eran propuestos por el Poder Ejecutivo mediante ternas remitidas al Congreso para que éste decidiera el nombramiento. Dicho sistema fue muy criticado al considerarse que los magistrados eran nombrados por consideraciones políticas para favorecer al gobierno de turno, aunque no siempre fuera así. En realidad, hubo estupendos nombramientos. El gobierno militar de Velasco estableció un Consejo Nacional de Justicia que se politizó rápidamente. De ahí emanó el Consejo Nacional de Magistratura de la Constitución de 1979 de donde se desprendió el actual, pero con la facultad de nombrar mientras que el anterior solo proponía.
El gran problema que ahora enfrenta el Perú es compatibilizar un sistema de nombramientos judiciales con un mínimo de calidad moral y profesional de las personas designadas. Hasta ahora no lo hemos logrado. Para lograrlo durante la etapa previa a la designación debe haber la máxima difusión en los medios, así como debates en los foros profesionales y académicos. La moral y la ética de los magistrados en última instancia es un problema de calidad humana. Debemos alcanzarla a través de un proceso que reciba la máxima publicidad.
