Poder Judicial desbarata argumentos esgrimidos por Pedro Castillo para negarse a entregar videos
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder regresó a Palacio de Gobierno. Esta vez, fue para ejecutar un allanamiento e incautar las grabaciones de cámaras de seguridad del 8, 9 y 10 de agosto, fechas relacionadas a la frustrada detención y posterior entrega de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, a quien por esos días se dictó detención preliminar.
El allanamiento fue autorizado por el Poder Judicial. La resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, fue notificada al equipo del MP liderado por el fiscal Jorge García Juárez, y al equipo especial de la Policía.
La solicitud del Ministerio Público para realizar esta diligencia se remonta al 11 de agosto. Ese día, luego de la entrega de Yenifer Paredes, se pidió al juez Raúl Justiniano autorizar esta incautación para recoger información sobre posibles actos obstruccionistas vinculadas a la diligencia de detención preliminar. Sin embargo, el magistrado declaró improcedente el pedido.
La fiscalía apeló esta decisión y su solicitud pasó a ser vista por la mencionada sala de apelaciones, quien luego de más de un mes de los hechos, finalmente se pronunció a favor del Ministerio Público y corrigió lo resuelto por el juez Justiniano.
ARGUMENTOS
Para la sala está claro que la investigación y el pedido de la fiscalía no incluyen al presidente como dijo el juez, sino a Yenifer Paredes.
“Tampoco existe el riesgo que se pudieran vulnerar secretos de Estado ya que el acceso y salida de personas a dichas dependencias constituye información pública”, agregó la sala. Esto contradice lo que habían argumentado ministros como Félix Chero para no entregar voluntariamente esas grabaciones.
OBSTRUCCIÓN
Los magistrados consideraron que “habría existido una conducta obstruccionista y resistencia por parte del personal administrativo y de seguridad de Palacio de Gobierno”.
Por ello para la sala se habría ocultado a Yenifer Paredes. Los magistrados concluyeron “que las cámaras de seguridad pueden contener información relevante para la investigación”.
Adicionalmente, se consideró que el allanamiento es una medida proporcional por la complejidad de la investigación y porque su procedencia no transgrediría los derechos de los residentes de Palacio de Gobierno.
También se estableció que, debido al lapso que podría tomar una copia espejo de las grabaciones, la diligencia se realizará por un plazo máximo de 24 horas; y que debía ejecutarse en 15 días como máximo debido a la necesidad de hacer coordinaciones previas con la Policía para su ejecución. Sin embargo, la medida se ejecutó al día siguiente de ser notificada a las partes interesadas.
