Por Edwin Donayre
Esta semana expresé mi total rechazo y repudio al arresto domiciliario que concedió el Colegiado A de la Sala Penal Nacional a los terroristas Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil. Mi discrepancia, principalmente, es porque estos sujetos están habituados a eludir a las autoridades y tienen las aptitudes y condiciones para permanecer ocultos y vivir en la clandestinidad, como ya lo han hecho en la antigüedad. Entender el problema, en este caso, es acercarse a la solución que debió dar el Estado y, más en concreto, el Poder Judicial, ante esta situación.
Sin embargo, el Poder Judicial sostiene que tal medida se debe al vencimiento del plazo de prisión preventiva y al cumplimiento de la pena impuesta. Indican en consecuencia que los jueces de la Sala Penal Nacional no tenían más alternativa que ordenar la libertad. Este es un argumento débil, falso y dictado por un órgano que desde mi punto de vista no ha querido reflexionar sobre el problema sino evadirlo.
En efecto, el referido auto adolece de razonamiento judicial, análisis jurídico y debida motivación, no ha valorado el peligro procesal que supone continuar un juicio penal en tales condiciones. Tampoco no se pronunció sobre la obligación del Estado Constitucional de prevenir el crimen, combatir el terrorismo y de defender la sociedad de sus amenazas; principio constitucional que está reconocido en la Constitución.
El análisis de esta garantía fundamental habría permitido al Colegiado pensar en otras alternativas, tal como lo hizo en su día el Tribunal Constitucional Peruano cuando resolvió hábeas corpus por vencimiento de plazo de personas vinculadas a una red internacional de narcotráfico. En aquellos casos, el TC dijo oportunamente que pueden existir excepciones cuando existan supuestos especiales que pongan en riesgo a la sociedad. En el caso de la liberación de estos cabecillas terroristas ¿no existe este peligro?, el Colegiado no se preguntó ni se cuestionó al respecto de ello, simplemente hizo lo que era más fácil.
Asimismo, la decisión tampoco reflexionó, tuve en cuenta o valoró de forma adecuada el Informe Policial que determinó que los domicilios señalados por dichos senderistas no brindaban las garantías suficientes para evitar la fuga u obstaculización.
Es por ello que interpuse una queja por inconducta funcional contra los miembros de este Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional, por no cumplir adecuadamente, con motivación y con previsión de consecuencias, la función que la Constitución les encarga.
Y es que, respecto a la previsión de consecuencias, esta decisión se inscribe en un contexto en el que en nuestro país aún existe un sector político que protege, financia o cobija a terroristas; y un sector social ingenuo o inexperto que restringe su análisis a lo que ve en la actualidad, pero sin explorar los hechos que sucedieron en nuestro país, sin conocer el rostro del terrorismo. Una decisión de este tipo es totalmente ajena de las consecuencias de seguridad ciudadana que tendrá.
Ahora, el Poder Judicial propone un Protocolo de actuación conjunta con el Ministerio Público, que actúe como semáforo y alerte el término del plazo de un proceso o prisión preventiva, pero tal medida es, en este caso, tardía y pírrica.
La decisión del Colegiado ha insultado la memoria de civiles, militares, ronderos, líderes, peruanos que fueron víctimas del terror; nos ha humillado pues ha permitido que el terrorista Abimael Guzman y Osman Morote nos hagan testigos de abrazos de celebración por la libertad. La decisión nos ha espetado que el Estado nada puede hacer con personas que jamás se han arrepentido ni han demostrado sometimiento al Estado democrático.
Pero éste Colegiado y estos terroristas no cuentan con que aquí aún existen hombres y mujeres valientes que pelearon y derrotaron al terrorismo, con que existen policías y soldados que seguiremos entregando nuestra vida por la patria y por nuestros hermanos. No cuenta con que aquí está el soldado Donayre para tenerlos vigilados, enfrentados y proteger desde el Congreso a nuestra sagrada patria.
