El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó que dicha cartera pague los honorarios de su defensa, los cuales ascienden a 350 mil soles.

Juan Silva sorprendió a propios y extraños al proponerle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que pague los honorarios de su defensa legal. Según una misiva a la que el portal Infobae tuvo acceso, Silva le pide al actual titular del MTC, Nicolás Bustamante, que, por su condición de exministro, dicha cartera se haga cargo de su caso ante la justicia.

Cabe resaltar que Silva también propone al abogado especializado Luis Alfredo Yalán Ramírez para que asuma su proceso, cuyos honorarios ascienden a 350 mil soles.

“De conformidad con los dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 de la Directiva ‘Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles’, motivo por el cual adjunto su Curriculum Vitae”, se lee en la carta.

“Agradeciendo la atención, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal”, firma la misiva el exministro.

Imputaciones

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso iniciar una investigación preliminar a Juan Silva; como autor de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de la colusión. Así como contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado, en su condición de ex ministro de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, se solicitó el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes; como parte de la investigación que recae en su contra.

Los hechos imputados a Silva están vinculados a la investigación por el caso Puente Tarata – Provías descentralizado; en el que habría cometido hechos presuntamente irregulares como licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros.

Estos actos se habrían realizado en el contexto de la ejecución del plan delictivo de la organización criminal. Al cual se habría integrado desde el 2021, cuando asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones. Se presume que habría designando a funcionarios públicos en Provías Descentralizado, a efectos de contar con personas de su confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas.