Edwin Donayre
Durante varios años hemos recibido decisiones judiciales, casi reveses, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante estas décadas, mientras nuestro país ha intentado dentro del marco de la ley y la Democracia derrotar al terrorismo que mataba sin piedad en la sierra, selva y costa de nuestro país, la Corte Interamericana nos obligó a reconocer derechos y otras reparaciones a favor de condenados por terrorismo o de otros que, aunque no fueron condenados por este delito o sus condenas fueron anuladas, forman claramente parte de estas organizaciones delictivas. Con esas decisiones, como ciudadano antes que como militar, he estado en abierto desacuerdo.
En particular, me he opuesto a las decisiones judiciales que obligaron al Estado Peruano, que tanto sufrió por el terrorismo, a pagar reparaciones millonarias a condenados por terrorismo, así por ejemplo el caso Loayza Tamayo vs. Perú, Cantoral Benavides vs. Perú, De la Cruz Flores vs. Perú, Lori Berenson vs. Perú, por sólo mencionar algunos. Reparaciones en dólares que no se compadecen de las pocas y magras monedas en soles que les corresponde a las madres, esposas e hijas de los soldados y policías que aquellos asesinaron arteramente, sin piedad ni razón. Me he preguntado y he preguntado a casi todos los abogados que conozco si eso es justo, si eso es Derecho; es decir, si aquel que hizo daño tiene más o mejor derecho a recibir indemnizaciones que aquellos que han sufrido la pérdida por sus familiares que cumplían con su labor, que cuidando la democracia, la vida en paz y contrarrestando los ataques a población que no combatía, fueron abatidos vilmente.
Veo en estos casos que el Derecho y parte de la sociedad actúan de forma muy paradójica.
La Corte IDH se ha apresurado siempre en emitir pronunciamientos y decisiones judiciales contra los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así por ejemplo el caso de Supervisión de Sentencia por el asunto Barrios Altos vs. Perú, cuyo pronunciamiento demoró un mes y dos semanas, y que tuvo por consecuencia anular una sentencia que condenando, es decir, declarando culpables o no absolviendo a miembros de las Fuerzas Armadas, les había reducido levemente la pena por el tiempo excesivo en el que fueron procesados, un proceso de más de 20 años en total. La respuesta de la dura Corte Interamericana fue que una reducción de penas “puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”, en otros términos, para los agentes del Estado: la ley, y para los terroristas: reparaciones millonarias.
En efecto, esta célere Corte es indiferente cuando se trata de la tutela de derechos de los soldados, solo un ejemplo para reflejar esta realidad. El General Rivero Lazo, oficial que al día de hoy tiene 79 años de edad, privado a la fecha de su libertad individual, ha presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección del derecho al plazo razonable, la misma, sigue en la etapa de calificación desde hace 12 años. En otros términos, o mejor dicho aún, comparando, el caso Cruz Sánchez vs. Perú, más conocido como el Caso Chavín de Huántar, asunto en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluó si el rescate en la Residencia Nipona fue realizada o no dentro de los márgenes de la ley por las Fuerzas Armadas, fue iniciado en el 2003 y la Sentencia en este complejo caso fue dictada en el 2015. En cambio, el caso del General Rivero, que no presenta mayor complejidad en su decisión pues se trata de la protección del plazo razonable, aún no tiene siquiera admisibilidad. Este viejo soldado es quizá el hombre que tiene el proceso más largo del planeta y sin embargo ningún órgano judicial del Perú ni aquella prestigiosa Corte atienden sus ruegos. Así actúa la Corte.
Solo quien ha comprendido cómo actúa la Corte comprenderá que no tengo odios o quiero atacar a aquel Tribunal o sus miembros. Pero tampoco puedo ser ingenuo, no puedo aplaudir una labor que se dicta sin saber y sin haber sentido lo que vivimos y sufrimos en carne propia, no me puedo olvidar cómo la población civil convivía con el miedo y la desconfianza, mientras los miembros de las Fuerzas Armadas vivíamos con la incertidumbre de no saber si volveríamos a nuestros hogares y cómo quedarían nuestras familias, no puedo olvidar cómo mis soldados morían en mis brazos a manos del enemigo irracional. He pensado siempre que quien juzga debe conocer la idiosincrasia y el contexto, quien tiene a su cargo la decisión debe ser una persona cercana a la población, pero estos jueces dictan decisiones a miles de kilómetros y sin saber lo que pasamos.
Por su parte, un sector de la sociedad, que no es terrorista ni tiene vínculo con él, festeja este tipo de decisiones, olvidando todo el dolor y siendo indiferente a la liberación de terroristas, estando a favor del indulto incluso para el cabecilla innombrable de la cúpula del terrorismo, pero siendo recalcitrantes, saliendo a marchas o, en el caso de algunos Congresistas, renunciando a su Bancada cuando se trata de funcionarios y militares que defendieron la democracia. Pidiendo, otros, que en los operativos policiales también mueran agentes del orden. No comprendo esa forma de actuar.
