Por: Iván Pedro Guevara Vásquez / LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA Y LA SUPERINTENDENCIA.- La masificación de las universidades en el país era una idea positiva en un inicio, pues implicaba un intento de acercar la universidad a la población en su conjunto. sin embargo, por las características de una sociedad compleja como la nuestra, en donde la corrupción no precisamente está ausente, bajo la creencia que la finalidad más importante de la universidad es elevar el status social no pocas personas sobrecargaron la oferta educativa con una demanda educativa cada vez mayor, lo que fue caldo de cultivo para una sobre oferta en donde ya no importaba mucho la calidad del servicio, sino la cantidad de los alumnos, los cuales al final fueron concebidos en la órbita de ciertas universidades privadas como clientes, a los cuales, como reza el dicho, no se les debe negar que tienen razón, salvo que la cantidad de alumnos sea tal que sí era posible aplicar controles de selectividad para la aprobación y promoción universitaria.
Esa situación de crisis se reflejó en algunas intervenciones y/o intentos de intervenciones a ciertas universidades privadas que bajo la condición jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro no pagaban importantes impuestos al estado, bajo la condición que inviertan en una mejor infraestructura y oferta educativa.
Frente a ello urgía una nueva legislación en materia universitaria que reemplace a la antigua Ley Universitaria N° 23733, así como urgía la creación de un nuevo organismo público que supervise concretamente el sistema de gestión de calidad a nivel universitario y que haga realidad la exigencia de niveles considerables de investigación en el quehacer universitario, por lo que con fecha 9 de Julio de 2014 fue publicada la Nueva Ley Universitaria N° 30220, que derogó la antigua Ley Universitaria, y sus modificatorias, así como la ley 26439, que fue la ley que creó el Consejo Nacional para la autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), y sus modificatorias, dejando sin efecto el decreto legislativo 882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º y 22º, siendo reemplazada en ese sentido la antigua asamblea Nacional de rectores (ANR) por un nuevo organismo de supervisión universitaria, denominado Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
El imperativo de la calidad en el sistema universitario se traducía en una mayor exigencia en términos de investigación científica y filosófica, pues qué mejor que la investigación académica para reflejar la excelencia universitaria y el espíritu de la enseñanza-aprendizaje superior.
El antiguo tema de la reforma universitaria hacía nuevamente su aparición, esta vez con el aggiornamento (actualización) de la investigación. La burocrática ANR desaparecía y su espacio era cubierto por una novísima SUNEDU, por la superintendencia encargada de asegurar la calidad en la oferta educativa universitaria.
Tal superintendencia tenía entonces el papel de agente reformador, por lo que debía de mostrar la correspondiente calidad ética, en la persona de su máximo representante, el superintendente, que debía ser electo por concurso público de méritos.
(*) Abogado y analista político
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