Gobierno presenta ley mordaza que busca amedrentar trabajo de la prensa

El gobierno de Pedro Castillo presentó el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, más conocida como ley mordaza, la que tiene como fin que se evite la filtración de información de investigaciones fiscales. De esta manera, se busca incorporar el artículo 409 C en el Código Penal.

Según la revisión que realizó Correo a la propuesta del Ejecutivo, en una parte de dicho artículo se indica que la sanción por la filtración de información a la prensa será hasta por cuatro años de prisión.

“Si, cualquiera de los sujetos comprendidos en los párrafos precedentes, directa o indirectamente, difunda la información antes referida a través de los medios de comunicación social u otros de difusión masiva, serán sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años”, se indica la iniciativa presidenta por el Ejecutivo.

De acuerdo al proyecto de ley, el agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que, proporcione o difunda información de carácter reservada en los términos previstos en la ley, a personas no legitimadas, a la que tuvo acceso debido a su situación jurídica y/o rol, poniendo en riesgo los fines de la investigación, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años.

“Si la conducta descrita en el primer párrafo es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de tres años”, se acota.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 324 del Código Procesal Penal, referido a la reserva y secreto de la investigación, donde se detalla que la “investigación tiene carácter reservado o secreto y su vulneración es punible de conformidad con el artículo 409-C del Código Penal”.

El proyecto de ley presentado al Parlamento lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, así como del jefe de Estado, Pedro Castillo.