Verificarán que bufetes de abogados apliquen ley de allanamiento. Estudios deben aplicar la doctrina jurisprudencial establecida en la Ley N° 30927.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) empezará un proceso de supervisión de los estudios de abogados que llevan adelante los procesos judiciales de la entidad para determinar si aplican la doctrina jurisprudencial establecida en la Ley N° 30927, conocida como Ley de Allanamiento, informó el director general de la Oficina de Asesoría Jurídica, José Luis Díaz Callirgos.

En diálogo con El Peruano, el funcionario sostuvo que como parte de los procesos de fiscalización correspondientes al último trimestre del presente año, su despacho ejecutará dos actividades fundamentales en estas tareas.

“La primera será verificar que todos los estudios que, en la actualidad, llevan nuestros procesos judiciales, que suman un poco más de 20,000, estén aplicando la doctrina jurisprudencial establecida en la Ley de Allanamiento”, afirmó.

De acuerdo con la citada norma, la institución está facultada para conciliar, desistirse, transigir o allanarse de oficio en los procesos judiciales que en materia previsional referidos al Decreto Ley N° 19990 y demás normas modificatorias y complementarias se encuentren en trámite a la fecha de su vigencia, así como en los que empiecen a partir de la ley.

“Varios de nuestros asesores legales externos pueden tener procesos judiciales que todavía continúan, pero que ya deberían estar concluyendo en aplicación de los criterios que se aprobaron en la ley. También en aplicación de estos criterios, la Resolución Jefatural N° 035-2022-ONP nos obliga a identificar los casos para la aplicación administrativa del allanamiento”, recalcó.

Díaz aseguró que su oficina revisa permanentemente la forma de actuar de los colaboradores en los juicios que se entablan contra la entidad. “Esa es una línea de acción, la supervisión, y vamos a verificar que los Alex [asesores legales externos] estén aplicando esa normatividad”, enfatizó.

Este trabajo, refirió, se ejecutará de dos formas. “El primero será en gabinete, es decir, aquí revisaremos los procesos judiciales de acuerdo con los expedientes electrónicos que fiscalizaremos, pero también saldremos a verificar las condiciones de infraestructura y de recursos humanos que se requieren”, aseveró.