Tiempo atrás publiqué un artículo, bajo el título de “Damas y caballeros”, interesándome por la tendencia que se observa en algunos círculos, para cambiar nuestro idioma que es el castellano, entre otros de origen nativo.

La tendencia aludida es dejar de utilizar vocablos que engloban a quienes son del sexo femenino y del masculino, para sustituirlos con vocablos que tengan connotación masculina y por otro lado la femenina. Es así como hasta desde el púlpito ya no se refieren a todos los feligreses, sino que se distingue a todos los feligreses de todas las feligresas.

En escuelas y universidades se ha dejado de utilizar la denominación de alumnos en general, para nominar a alumnos y alumnas, en la academia ahora se distingue a doctores y doctoras y, en fin, podríamos seguir con ejemplos hasta el cansancio. Daría la impresión que hay damas que creen que utilizar genéricos que comprendan masculino y femenino es inaceptable. Empero, a los varones no les importa que a los periodistas se les diga así y no periodistos, a los odontólogos se les nomine como dentistas y no dentistos, sindicalistas y no sindicalistos, electricistas y no electricistos y muchísimos etcéteras.

El tema se ha tornado tan exagerado que en un Ministerio aprobaron la “Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras no existo” (R.M. 015-2015- MIMP).

Indagando sobre el origen de la distinción entre lo masculino y lo femenino en el lenguaje, lo que se ha denominado “lenguaje inclusivo”, me encontré con la “Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (Ley 28983). Buscar y lograr igualdad de oportunidades entre damas y caballeros, no creo que nadie esté en desacuerdo, pero de allí ordenar en su artículo cuarto, como uno de los roles del Estado “incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones…”, es excesivo.

Hemos avanzado tanto en la búsqueda de igualdad de oportunidades, aunque aun no suficiente, que en estos momentos tenemos Presidenta del Congreso, Presidenta del Poder Judicial, Presidenta del Consejo de Ministros, Presidenta del Tribunal Constitucional y Fiscal de la Nación, todo lo cual no es poca cosa.

Al amparo de la mencionada ley fue aprobado el “Plan Nacional de Igualdad de Género” (D.S. 004-2012- MIMP), se creó también el “Mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales” (D.S. 005-2017.MINP) y en diversos ministerios se dictaron normas para el uso del lenguaje inclusivo, destacando el Ministerio de Educación (R. 188-2015.MINEDU). El Congreso no se quedó atrás y se unió a la tendencia (R. 048-2016-2017-OM/CR).

La Real Academia Española (RAE) es aceptada como la institución más respetada en cautelar y normar sobre nuestro idioma, y ella objeta el llamado lenguaje inclusivo, tanto en su “Nueva Gramática” como en el “Libro de Estilo de la Lengua Española”, a lo que podríamos agregar que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa dice que “desnaturaliza el lenguaje y lo empobrece”.

Dios quiera que al Congreso no se le ocurra cambiar la “Ley de la gravedad”.

(*) La Dirección no se hace responsable por los artículos firmados.