De acuerdo a nuestra Constitución, el Estado garantiza la seguridad de la Nación, y para ello cuenta, entre otras instituciones, con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta última “tiene por finalidad fundamental, garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia”.

Más claro ni el agua de manantial, por lo que, si bien la Policía Nacional tiene entre sus funciones las antes descritas, por otro lado, las autoridades que jerárquicamente están sobre ellas, tienen la obligación correlativa de facilitarles el cumplimiento de sus deberes, para lo cual debe impartirles las disposiciones que correspondan para que ello se materialice, dotándolas de las herramientas necesarias, armamento, vehículos, uniformes, retribuciones acordes con sus altas y peligrosas responsabilidades, atención de su salud y seguridad social, vida digna, pero sobre todo, brindándoles respeto y, se les respeta, entre otras medidas haciéndoles intervenir para la prevención del delito, para el mantenimiento del orden público y también para su recuperación, cuando él se haya violentado. No deben estar cruzados de brazos ante la perpetración de ilícitos penales.

Si de conformidad con la propia Constitución, toda persona tiene derecho a la vida, a su integridad y a su libre tránsito por el territorio nacional, a la propiedad, su seguridad personal, tranquilidad y goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, la Policía Nacional tiene el deber de propender a ello.

Lamentablemente nos estamos acostumbrando a tener a la Policía Nacional maniatada, sin actuar ante la realización de delitos ni para prevenirlos. Los daños colaterales que se pueden producir, no deberían impedir la actualización policial, siempre que se realice cautelando los Derechos Humanos, los cuales son universales y por lo tanto también comprenden a los propios policías.

Si ante actos de violencia, de toma de carreteras, de impedimento fáctico de transitar por ellas, de destrucción de la propiedad pública y privada y, hasta hostilización y ataques a las fuerzas del orden, el Estado se paraliza y no imparte las órdenes para la recuperación del orden gravemente alterado, francamente la Policía Nacional estaría pintada, relegada a delitos menores como sustracción y apropiación de teléfonos celulares y pequeñas rapiñas. Inconcebible por cierto.

Todo lo expuesto es muchísimo más grave aún cuando hay estado de emergencia declarado con arreglo a Ley, en que los ciudadanos tienen limitaciones para reunirse y peor si las reuniones son para perpetrar actos ilegítimos como son juntarse para tomar vías de comunicación, violentar e incendiar vehículos de transporte y hasta impedir el traslado de oxígeno, indispensable para tratar de salvar vidas en esta pandemia que ya soportamos estoicamente más de un año.

Evidente, que si hay policías que individualmente incumplen las disposiciones legales y protocolos y, manchan sus uniformes, tendrán responsabilidades individuales, pero que no pueden afectar a la Institución policial ni a sus autoridades que actuaron con arreglo a la normatividad legal.

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