Por: Federico Prieto Celi / A partir de la renuncia y/o deposición del presidente Alberto Fujimori  se inició una cacería de brujas contra el fujimorismo. Uno de los pretextos fue el delito de lavado de dinero. El tradicional lavado de dinero lo hacen las mafias que se dedican al tráfico de personas, a la producción y distribución de droga, a secuestros sistemáticos con cobro de recompensas, o a la imposición de cupos a las empresas formales para no ser dañadas por un incendio intencional.

Las leyes que regulan el financiamiento de los partidos y sus propagandas electorales, surgidas en las últimas décadas, son limitantes de la recepción de dinero y exponen al donante a una hipoteca partidaria. Por tanto, unos y otros buscan hacer y recibir los donativos de manera oculta. Luego, tienen que formalizar ese dinero,  y ahí se produce inevitablemente  un lavado de dinero, de naturaleza muy distinta a la tradicional de las mafias.

Pienso que las leyes que regulan el financiamiento de los partidos son perjudiciales para la salud de la democracia. Creo que deben derogarse. Muerto el perro se acabó la rabia.  Que quien quiera financiar un partido lo haga, el partido que quiera recibir dinero, que lo tome. Si se quiere publicitar se publicite, si se quiere silenciar se silencie. En caso de que después se descubra una acción dañina al bien común de la autoridad elegida entre otras cosas por los donativos recibidos, con tráfico de influencia o información privilegiada, recién entonces intervenga la fiscalía. De lo contrario se afecta al principio de inocencia.

Como las dan, las toman. Quienes usaban el lavado de dinero para manchar a fujimoristas, ahora se encuentran manchadas por el mismo delito. Paola Ugaz negó la información de Expreso y mintió a raudales. Susana Villarán queda seriamente implicada. Ahora no las salva ni el gong. Hemos pasado una vez más a una guerra de odios y venganzas. Quién a hierro, mata a hierro muere.

El Congreso,  en vez de hacer absurdos proyectos de ley podría reunirse un día para estudiar con asesores competentes, se entiende, un proyecto de ley de amnistía para todos los implicados en lavado de dinero, con el fin de reducir la judicialización de la política  partidaria, sean de izquierda, de centro o de derecha -todos pecan igual- en vísperas de elecciones generales y del bicentenario de la República. Ya tenemos bastante desprestigio universal en ser el país con más muertos por millón de habitantes por covid-19, como para dar más espectáculos lastimosos que se pueden evitar. Por último, saldrían ganando tiros y troyanos.

No se trata de convocar a todos los partidos a la unidad. Eso sería formar un partido único, totalitario, contrario a la democracia, que es precisamente pluripartidaria. Se trata simplemente de hacer un poco de baja policía. Es necesario dar señales de buena intención. Limpiar la cancha antes del partido. Fumar la pipa de la paz. Olvidar los rencores del política  partidaria, sean de izquierda, de centro o de derecha -todos pecan igual- en vísperas de elecciones generales y del bicentenario de la República.

Ya tenemos bastante desprestigio universal en ser el país con más muertos por millón de habitantes por covid-19, como para dar más espectáculos lastimosos que se pueden evitar. Por último, saldrían ganando tiros y troyanos.

No se trata de convocar a todos los partidos a la unidad. Eso sería formar un partido único, totalitario, contrario a la democracia, que es precisamente pluripartidaria. Se trata simplemente de hacer un poco de baja policía. Es necesario dar señales de buena intención. Limpiar la cancha antes del partido. Fumar la pipa de la paz. Olvidar los rencores del pasado y los odios del presente. Jugar limpio. ¿Será posible?