John Colonio

La emboscada terrorista en Huancavelica que provocó la muerte de cuatro policías y el ataque a la base militar Nueva Libertad, ubicada en centro poblado de Mazángaro por supuestos “remanentes” de Sendero Luminoso, en menos de una semana, han puesto en el ojo de la tormenta la política antisubversiva del gobierno en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

No es la primera vez que esta base militar es atacada por un grupo terrorista. En agosto del 2015, se registró un atentado cuando un helicóptero MI-17 del Ejército se disponía a aterrizar para dejar víveres al personal militar. En ese cobarde ataque murió un soldado.

Sorprende que el gobierno, así como su antecesor y el antecesor a este, siga calificando de “remanentes” a terroristas que se dan el lujo de atacar bases militares y asesinar salvajemente a los soldados en esa zona del país.

Resulta poco creíble la tesis de que este ataque es en respuesta a la “exitosa estrategia” contra el narcotráfico, anunciada por el ministro de Defensa, José Huerta, quien infló el pecho al informar que se ha destruido pistas de aterrizaje, pozas de maceración, y que ruta de insumos químicos está siendo controlada.

Asimismo, llama poderosamente la atención que el ministro del Interior, Mauro Medina, antes del inicio de la sesión reservada en el Congreso, diga que el atentado contra los cuatro policías en Huancavelica se está investigando y, que “de momento”, han retirado al comisario y que verán si hubo” fallas o negligencia”. Total.

De otro lado, se debe aclarar la denuncia hecha por el exministro del Interior Remigio Hernani, quien reveló que el ataque terrorista contra policías en Huancavelica, fue en una zona que hasta el 1 de mayo era calificado de “emergencia”.

El gobierno debe informar por qué se levantó la medida en esa zona, pese a ser un área altamente convulsionada. Y mientras esto sucede en Lima grupos violentistas, en una marcha nada pacífica, quemaron un patrullero.

Es hora que el presidente de la República, Martín Vizcarra, imponga el principio de autoridad en el país e implemente una agresiva política para derrotar a los seguidores del camarada Gonzalo en el Vraem. También debe poner mano dura contra violentistas que, amparándose en el derecho a la protesta, atenten contra la propiedad pública y privada.

Sin embargo, pareciera que el gobierno está más interesado en evitar que se apruebe la Ley Mulder, que en buena cuenta es una norma que evita el abuso de recursos públicos para el autobombo. ¿Tanto poder tiene la mermelada?