Félix Chero, ministro de justicia anunció una medida que castigue a todo juez o fiscal que filtre información reservada

La libertad de expresión  se ve amenazada  y es que el proyecto de ley de Félix Chero que busca sancionar con tres años de presión suspendida a fiscales o jueces que revelen información sobre investigaciones o procesos a terceros, implicaría que las investigaciones periodísticas se vean obstruidas.

Ante esto el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), señaló que esta propuesta impediría que se den investigaciones por parte de los periodistas, por lo que señalaron que estan atentos a las leyes que se promulgen y perjudiquen a los medios de comunicación.

“IPYS observa con preocupación estas iniciativas por considerar que obstruyen el aporte a la justicia desde la investigación periodística y se mantiene vigilante ante cualquier norma que perjudique la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, se manifesto la institución.

En la misma linea, Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció acerca de este proyecto y aseguró que las filtraciones afectan al debido proceso, sin embargo, no dudó en acotar que esto no afectaría a la libertad de expresión, ya que los periodistas tiene el derecho a no revelar su fuente de información.

“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema que el Código Procesal Penal que dice que la investigaciones es reservada. Es decir, solo pueden tener acceso la partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, declaró para canal N.

“La propuesta es de una pena suspendida, la propuesta es dos a tres años de pena suspendida. Porque si la investigación es reservada y se filtra, esto se altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales”, añadió.

Se suma ANP

Cabe mencionar que, la Asociación  Nacional de Periodistas, también se mostró acerca de este proyecto que plante el Ejecutivo y no dudo de calificarlo como un “potencial riesgo” para el trabajo periodístico, puesto que obstruye el aporte de la prensa a las investigaciones.

“La ANP alerta sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística”, escribió en twitter.